Una legislación histórica, la Ley Bayh-Dole, desencadenó un renacimiento en la innovación nacional, el cual continúa presente en la actualidad. En 2002, la revista Economist la describió como "Posiblemente la legislación más inspirada que se haya promulgado en Estados Unidos durante el último medio siglo". Personalmente la considero crucial, tanto que luego de mi retiro, me uní al consejo asesor de una organización dedicada a celebrar y preservar esta ley.
No obstante, la efectividad de la Ley Bayh-Dole se ve actualmente bajo amenaza debido a un borrador de propuesta que elabora la administración Biden, tras un período de comentarios públicos que finalizó el 6 de febrero, y que está en proceso de finalización.
Con el objetivo de regular los precios de los fármacos en Estados Unidos, la propuesta se basa en una cláusula de la Ley Bayh-Dole que habilita al gobierno para "entrar" y volver a otorgar licencias de patentes. En otras palabras, el gobierno podría revocar el derecho exclusivo de una empresa a una patente y otorgar una licencia a un competidor.
Originariamente, esta disposición fue diseñada para permitir la intervención gubernamental en casos donde una empresa no lograra comercializar un descubrimiento financiado con fondos federales en un plazo razonable. Sin embargo, la propuesta de la Casa Blanca plantea utilizar esta cláusula para controlar los crecientes costos de los productos farmacéuticos al otorgar nuevas licencias de patentes de medicamentos de marca si no se ofrecen a un precio "razonable".
A simple vista, esto podría parecer una medida positiva ya que Estados Unidos ostenta precios de medicamentos elevados en comparación con otros países, dejando inaccesibles muchos fármacos salvavidas para pacientes con menos recursos. No obstante, intentar controlar los precios mediante esta disposición sería poco efectivo, dado que muchos medicamentos cuentan con múltiples patentes presentadas por empresas biotecnológicas y farmacéuticas en distintas etapas del desarrollo, lo que limitaría la creación de alternativas genéricas. Esta medida también podría tener un efecto inhibidor significativo al principio del proceso de desarrollo de fármacos, cuando las empresas adquieren licencias de las patentes iniciales provenientes de universidades e instituciones de investigación.
Si la administración Biden lleva a cabo el borrador como está redactado actualmente, permitirá al gobierno federal pasar por alto los acuerdos de licencia existentes entre universidades y empresas privadas según su criterio, posiblemente subjetivo, como lo es determinar qué constituye un "precio razonable". Esto incrementaría el riesgo en el desarrollo de nuevas tecnologías, con grandes empresas retractándose y los inversores en startups mostrando reticencia en financiarlas, entidades cruciales en trasladar tecnologías innovadoras provenientes de universidades al mercado.
Cualquier patente relacionada con financiamiento federal podría convertirse repentinamente en un activo tóxico, pues el simple respaldo con un centavo de dinero de los contribuyentes podría hacer que el producto resultante esté sujeto a regulaciones de precio.
Además, el enfoque de la propuesta en la "fijación de precios de medicamentos" no discrimina entre los descubrimientos universitarios en biología y otros campos tecnológicos avanzados. Esto podría provocar una disminución de la inversión en industrias basadas en propiedad intelectual, como la biotecnología, la aeroespacial y las energías alternativas. Como consecuencia, el progreso tecnológico se estancaría y el sistema de transferencia tecnológica instaurado por la Ley Bayh-Dole se desmoronaría rápidamente.
En caso de que la administración no reconsidere su propuesta, Estados Unidos podría regresar a épocas en las que los descubrimientos más prometedores, respaldados por fondos federales, nunca salían de los laboratorios universitarios. Se patentarían menos invenciones derivadas de investigaciones avanzadas y los centros de innovación, como aquel en el que participé, carecerían de oportunidades para florecer.
Lita Nelsen se unió a la Oficina de Licencias de Tecnología del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1986 y fue directora de 1992 a 2016. Es miembro del consejo asesor de la Coalición Bayh-Dole, un grupo comprometido con la celebración y preservación de la Ley Bayh-Dole, además de educar a responsables políticos y al público sobre sus beneficios.